Por Roberto Yoel Henríquez
El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) fue concebido como el principal órgano de gobierno interno del Ministerio Público en la República Dominicana. Su creación respondió a la necesidad de establecer un sistema democrático, participativo y plural en la toma de decisiones que afectan no solo la administración institucional, sino también el desenvolvimiento profesional de los fiscales y la garantía de sus derechos. Sin embargo, a más de una década de su puesta en funcionamiento, los hechos han demostrado que su diseño estructural no ha sido suficiente para contrarrestar una práctica histórica de verticalidad autoritaria en el ejercicio del poder dentro del Ministerio Público.
Desde sus orígenes, el Consejo ha funcionado más como un apéndice del Procurador o Procuradora de turno que como un verdadero órgano colegiado con autonomía decisoria. Aunque la ley le atribuye competencias trascendentales como la designación de fiscalizadores, el establecimiento de políticas institucionales, autorizar el traslado de los miembros del Ministerio Público, la adopción de medidas disciplinaria, entre otras atribuciones, la práctica ha demostrado que la voluntad del Procurador o Procuradora de turno termina imponiéndose, sin que exista un contrapeso real por parte de los demás miembros del Consejo.
Lejos de constituir un espacio de deliberación y equilibrio, el Consejo ha servido como una fachada institucional para legitimar decisiones unilaterales. Las votaciones internas rara vez contradicen la línea dictada desde la cúspide, y cuando algún miembro del Consejo osa expresar disidencia o reclamar el cumplimiento fiel de las normativas, suele enfrentar represalias o marginación. La democracia interna que se prometió ha sido, en muchos casos, una ilusión sostenida por un discurso institucional que no se corresponde con la realidad operativa.
Como consecuencia de esta disfuncionalidad, múltiples derechos que deberían estar garantizados para los miembros del Ministerio Público han sido sistemáticamente postergados o ignorados. La carrera del fiscal, que debería estar sustentada en principios de mérito, transparencia y objetividad, ha sido reemplazada por un sistema de favoritismo sustentado en la amistad, cercanía y conexiones personales. Los ascensos, traslados, sanciones y asignaciones de funciones directivas responden, en muchas ocasiones, más a los intereses del Procurador General que a las necesidades del servicio o al perfil de los fiscales.
Uno de los aspectos más preocupantes es la forma en que se definen los cargos de dirección. En lugar de abrirse procesos participativos que promuevan el consenso y la legitimidad, las designaciones son impuestas de manera vertical, sin consulta real, sin evaluación técnica transparente, y sin la más mínima consideración a la opinión del resto del órgano. Este proceder no solo socava la institucionalidad del Ministerio Público, sino que perpetúa una cultura de subordinación y miedo, incompatible con la autonomía funcional que constitucional y legalmente se le reconoce al Ministerio Público.
Es oportuno preguntarse entonces: ¿de qué sirve un Consejo Superior si no puede resistir ni moderar los excesos del poder centralizado en la Procuraduría General? ¿Qué sentido tiene hablar de democracia interna si toda disidencia es castigada y toda decisión se subordina a la voluntad de una sola persona?
Reformar el funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público no es una opción, es una necesidad urgente si se desea construir una institución más justa, eficiente y respetuosa del Estado de Derecho. Ello implica no solo revisar su normativa interna, sino también promover una cultura institucional basada en la independencia, el respeto a las reglas y la participación genuina de todos los actores que lo conforman.
Mientras el CSMP continúe siendo un instrumento al servicio del Procurador o Procuradora de turno y no un verdadero órgano de contrapeso, seguiremos siendo testigos de un Ministerio Público gobernado por la imposición, y no por la institucionalidad. Y en ese contexto, los derechos de los fiscales seguirán siendo postergados, las decisiones seguirán respondiendo a intereses particulares, y la promesa de una justicia autónoma y democrática seguirá siendo una utopía.
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Sobre el autor
Roberto Yoel Henríquez
El autor de este artículo es defensor público del Distrito Nacional, con formación en Derecho Procesal Penal y experiencia en litigio penal y en medios de comunicación.
