Washington, D.C.- El arresto del activista palestino Mahmoud Khalil, residente permanente legal en Estados Unidos desde 2024, ha generado debate en torno a los límites del estatus migratorio que confiere la conocida green card. Khalil, detenido en Luisiana sin haber sido acusado formalmente de ningún delito, se convirtió en una figura visible durante las protestas en la Universidad de Columbia en apoyo a Gaza. Su situación ha llevado a muchos a preguntarse: ¿bajo qué circunstancias puede una persona perder la residencia permanente en Estados Unidos?
De acuerdo con las leyes estadounidenses, ejercer la libertad de expresión y manifestarse pacíficamente no constituye un delito ni una causa directa para la deportación. Sin embargo, poseer una green card no equivale a la ciudadanía. Es un estatus legal considerado un privilegio condicional, y puede ser revocado si la persona incurre en ciertas faltas o representa una amenaza a los intereses del país.
¿Por qué pierde su green card?
La abogada de inmigración con sede en Nueva York, Linda Dakin-Grimm, explicó a Voz de América que si bien no es algo frecuente, tampoco es inusual que residentes permanentes pierdan su estatus. Entre las principales causas están las condenas por delitos graves, vínculos con drogas, fraudes, y sobre todo, amenazas a la seguridad nacional.
En el caso específico de Khalil, funcionarios del gobierno han sugerido que su permanencia en el país podría tener “consecuencias adversas para la política exterior”, una justificación contemplada por la ley para la revocación de una green card. Según Voz de América, el secretario de Estado Marco Rubio ya habría tomado la decisión de considerar a Khalil como deportable bajo esta figura, basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.
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Dakin-Grimm aclara que la revocación de una tarjeta de residencia no se produce de manera automática. Se trata de un proceso legal que comienza cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determina que una persona ha violado las leyes de inmigración. Esto puede ser resultado de una investigación oficial, una verificación rutinaria o incluso una denuncia.
El primer paso formal suele ser la entrega de una Notificación de Comparecencia (NTA) ante un tribunal de inmigración. En algunos casos, como el de Khalil, la persona puede ser detenida mientras se evalúa su situación. A diferencia del sistema penal, en los tribunales de inmigración el Estado no está obligado a proveer un abogado. Las personas deben pagar su defensa o buscar asistencia legal gratuita.
Durante el juicio migratorio, la carga de la prueba recae en el gobierno, que debe demostrar que el titular de la green card ha infringido las normas. El residente puede presentar su defensa, pero si el juez falla en su contra, aún puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Si esa instancia ratifica la revocación, el afectado tiene la posibilidad de recurrir a un Tribunal Federal, e incluso —en casos excepcionales— a la Corte Suprema.
No obstante, Dakin-Grimm advierte que estos procesos pueden ser extremadamente costosos y complejos. Pocas personas cuentan con los recursos para sostener una batalla legal prolongada, aunque existen organizaciones sin fines de lucro y clínicas jurídicas que brindan apoyo pro bono en casos de alto interés público.
En última instancia, si todas las apelaciones fracasan, la persona pierde su residencia permanente y es deportada del país. Pero si gana el proceso, conserva su green card y puede continuar viviendo legalmente en Estados Unidos.
Dakin-Grimm finaliza con una advertencia común en su práctica:
“Muchos creen que tener una tarjeta verde significa que ya están seguros. Pero ese estatus solo es permanente si se cumplen las reglas.”
Basado en contenido original de Voz de América.
