Roberto Santana Sánchez resalta que la comunidad ha colaborado con el proceso de traslado de los privados de libertad de La Victoria
SANTO DOMINGO.- El proceso de habilitación del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras ha contado con el respaldo del municipio de San Antonio, Guerra, un apoyo ciudadano clave para que el recinto pueda operar y brindar a la sociedad el servicio esperado, aseguró el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Roberto Santana Sánchez explicó que el personal que labora en el centro fue escogido con la participación de la comunidad. “Todos los miembros del personal que va a trabajar aquí han sido seleccionados en la comunidad; se ha llamado a concurso público”, dijo.
“Aquí no se usó el colocar en las posiciones a un hermano, ni el primo, ni el primo de ninguna autoridad, sino en base a una cantidad de requisitos”, resaltó.
Indicó que se realizaron al menos siete llamados a concurso para ocupar las plazas disponibles, y posteriormente, se formaron los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y los abogados que el centro requiere.
Resaltó que las autoridades municipales de Guerra ayudaron a conectar a la DGSPC con otros ocho ayuntamientos: Bayaguana, Boyá, Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, Boca Chica, La Caleta, San Luis y Hato Viejo.
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“Entonces, todo el que está trabajando aquí está siendo traído desde la misma comunidad, y eso permite que la comunidad, no solamente se beneficie porque sus habitantes tienen empleo, sino, que la comunidad vigile a ese mismo personal; que no es únicamente tener un comportamiento correcto aquí dentro, sino, que en la comunidad esa persona también no esté involucrada en acciones ilícitas”, puntualizó.
Continuidad del proceso
En relación al proceso a seguir tras el traslado de los 300 primeros privados de libertad desde la cárcel de La Victoria, el titular de la DGSPC señaló que los internos fueron recibidos por un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, educadores y abogados, quienes tienen la responsabilidad de crearles un perfil, “se levantará de manera detallada ante quién estamos».
“Ahí, también, se determina si ha caído preso por primera vez o si es un reincidente; también, el tipo de delito que cometió, por el que fue condenado. Eso nos ayudará a hacer un plan de rehabilitación individualizado, y también, agregarlo y clasificarlo según delito”, resaltó.
Dijo que este proceso les permitirá, además, no poner a convivir en el mismo espacio a un reincidente, a uno que ha estado preso tres y cuatro veces, con una persona que está presa por primera vez, o a una persona que está condenada por un delito de sangre con otro que lo que ha tenido es una infracción menor.
“Entonces, se le hace su plan a cada uno y si es analfabeta tiene ahí de 5 a 8 meses para alfabetizarse, sí o sí, y a todos se le pone trabajo. Usted pinta, usted arregla, usted cocina, usted hace las veces de mozo…».
“Claro, esas cosas que ellos hacen es bajo la dirección de un personal especializado formado en el Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales que dirige Gladys Sánchez”, añadió.
