El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago halló culpable a José Antonio Grullón Polanco de agresión y acoso sexual, abuso psicológico y violencia contra la mujer, en perjuicio de alumnas menores de edad.
Santo Domingo.- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a diez años de prisión al profesor José Antonio Grullón Polanco, acusado por el Ministerio Público de cometer agresiones sexuales, acoso y abuso psicológico contra 13 estudiantes de un centro educativo de esa provincia.
El tribunal lo declaró culpable de violentar varias disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Detalles de la sentencia
La decisión fue dictada por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Yasmín de los Santos, quienes valoraron los testimonios de las víctimas, las pruebas documentales y los informes periciales presentados durante el juicio.
El tribunal impuso además una multa de 100 mil pesos y ordenó el pago de 500 mil pesos de indemnización civil a favor de las víctimas.
Grullón Polanco fue arrestado en el año 2022, luego de que se iniciara una investigación a raíz de denuncias internas realizadas por varias estudiantes del centro educativo donde laboraba.
Las autoridades confirmaron que las agresiones ocurrieron dentro del plantel escolar, donde el profesor aprovechaba su posición de autoridad para hostigar e intimidar a las alumnas.
Origen de las denuncias
La investigación se inició después de que el centro educativo activara su protocolo interno de atención y denuncia al conocer las primeras alertas del caso.
Ocho de las víctimas, con edades comprendidas entre 14 y 17 años, redactaron cartas dirigidas al departamento de psicología escolar, donde narraban los episodios de acoso y abuso sufridos por parte del docente.
Los informes psicológicos y las declaraciones de las estudiantes se convirtieron en elementos fundamentales para la acusación presentada por el Ministerio Público.
Las autoridades del centro colaboraron con las investigaciones, facilitando los testimonios y las evidencias que posteriormente fueron incorporadas al expediente judicial.
Acusación del Ministerio Público
La fiscal Jenniffer Rodríguez representó al Ministerio Público en la audiencia y sostuvo la acusación durante todo el proceso.
De acuerdo con la teoría del caso, el profesor utilizó su posición de poder dentro del aula para someter a las jóvenes a un patrón de acoso, intimidación y agresiones de tipo sexual y psicológico.
El órgano acusador presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que confirmaron las conductas denunciadas, así como los impactos psicológicos que sufrieron las adolescentes.
El tribunal consideró que las evidencias fueron suficientes para establecer la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
Fundamento legal de la condena
El fallo establece que Grullón Polanco violó los artículos 309-1, 330 y 333 del Código Penal Dominicano, relativos a violencia, agresión y acoso sexual, además de los artículos 396, literales B y C, de la Ley 136-03, que sancionan los delitos de abuso y explotación contra menores de edad.
Estos artículos tipifican como delitos las acciones de intimidación, coerción, manipulación o contacto sexual hacia menores por parte de personas con autoridad o poder jerárquico.
El tribunal determinó que las conductas del imputado encajaban plenamente en las figuras penales descritas por la ley.
Imposición de la pena
Tras valorar las circunstancias agravantes, los jueces impusieron la pena de diez años de reclusión y dispusieron su cumplimiento en un centro penitenciario de la jurisdicción de Santiago.
El tribunal ordenó igualmente el pago de una multa de RD$100,000 al Estado dominicano y una indemnización civil de RD$500,000 a favor de las víctimas, como compensación por los daños ocasionados.
Durante la lectura del veredicto, el tribunal reconoció la gravedad de los hechos, destacando la vulnerabilidad de las víctimas y el abuso de confianza derivado del rol docente desempeñado por el condenado.
Contexto del caso
El caso provocó gran preocupación en la comunidad educativa al momento de su denuncia, debido a la cantidad de víctimas y a la reiteración de las conductas abusivas dentro del mismo centro.
Las víctimas fueron acompañadas por profesionales de psicología y del Ministerio Público durante todo el proceso judicial.
Con esta decisión, el tribunal de Santiago reafirma la aplicación de las normas penales que sancionan el abuso de poder y las agresiones sexuales en entornos escolares, en concordancia con los principios establecidos por la Ley 136-03 y los compromisos internacionales de protección a la niñez.