Santo Domingo.- El Ministerio Público calificó como una decisión con “luces y sombras” la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Alexis Medina y compartes, proceso judicial que expuso lo que las juezas definieron como una corrupción “plena, absoluta y profunda” en la administración pública.
El tribunal impuso siete años de prisión contra Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, identificado por la acusación como gerente operativo del entramado de corrupción que, según las investigaciones, obtuvo contratos millonarios de forma irregular con diversas instituciones estatales. Medina Sánchez deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
En la audiencia, que se extendió hasta la madrugada, las juezas también dispusieron el decomiso de bienes vinculados al acusado y ordenaron sanciones económicas a todas las empresas implicadas. Asimismo, validaron un acuerdo con el imputado Víctor Matías Encarnación Montero, exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y destacaron que el Ministerio Público había logrado, antes de este fallo, cinco condenas relacionadas con este expediente.
«Incorrecta apreciación de las pruebas»
No obstante, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), expresó su desacuerdo con las absoluciones dictadas a favor de Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente, asegurando que estas se produjeron por una “incorrecta apreciación” de las pruebas. Camacho adelantó que el Ministerio Público apelará parcialmente la decisión, con el objetivo de que se revoquen dichas absoluciones.
“El tribunal reconoció que aquí hubo soborno, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y falsificación, delitos que fueron debidamente probados. Sin embargo, consideramos que en algunos casos no se valoraron de manera correcta las evidencias”, afirmó Camacho al salir de la sala de audiencias.
La sentencia también contempla penas de cinco años de prisión para otros procesados, el pago de multas millonarias y el decomiso definitivo de bienes muebles e inmuebles que, según la acusación, fueron adquiridos con fondos ilícitos. Los condenados cumplirán sus penas en los recintos penitenciarios de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, según corresponda.
Entre los absueltos figuran exfuncionarios, empresarios y dos compañías acusadas de lavado de activos. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 25 de septiembre, fecha en la que se conocerán en detalle los fundamentos jurídicos que llevaron a las juezas a dictar cada una de las decisiones.
Durante la lectura del fallo, las magistradas reflexionaron sobre el daño profundo que la corrupción ocasiona al sistema institucional del país. Llamaron a la ciudadanía, y de manera particular a quienes ejercen funciones públicas, a no normalizar ni tolerar estas prácticas, que calificaron como una amenaza para el desarrollo democrático y el uso correcto de los recursos estatales.
De acuerdo con la acusación presentada por la Pepca, Alexis Medina habría utilizado un conjunto de empresas de su propiedad o bajo su control para beneficiarse de licitaciones amañadas y adjudicaciones directas en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS). Estas operaciones irregulares habrían ocasionado un perjuicio millonario a las finanzas públicas.
El caso Antipulpo, que se convirtió en uno de los expedientes más mediáticos en la lucha contra la corrupción administrativa, involucra a múltiples actores y ha sido considerado por el Ministerio Público como un ejemplo de cómo redes empresariales y políticas pueden articularse para saquear fondos estatales a gran escala.
Con la decisión de apelar parcialmente, la Pepca busca que el expediente no solo sirva para sancionar a los responsables, sino también para enviar un mensaje disuasorio a quienes intenten replicar este tipo de prácticas.
Nuestra responsabilidad es perseguir la corrupción donde sea que se encuentre, sin importar apellidos ni vínculos de poder”, concluyó Camacho.