El presidente Luis Abinader promulga la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas

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Santo Domingo.- Desde la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el presidente Luis Abinader promulgó la nueva Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, marcando un hito en la gestión de los recursos estatales. Esta legislación moderniza el sistema de compras gubernamentales y refuerza los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

Durante el acto, Abinader subrayó que esta ley representa un avance significativo en la transformación del Estado dominicano, un proceso que ha sido prioridad desde el inicio de su mandato. Afirmó que los fondos públicos deben ser manejados con integridad y orientados al bien común.

«Este es un día importante para la República Dominicana, donde reafirmamos nuestro compromiso con la honestidad, la eficiencia y el fortalecimiento institucional», expresó el mandatario, quien también mostró su respaldo total a la DGCP en su rol como entidad rectora del sistema.

Abinader señaló que para que la ley sea efectiva, el Gobierno se compromete a proveer los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios. Además, resaltó que esta normativa es una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, al reducir la discrecionalidad y fortalecer los controles.

El presidente agregó que la nueva ley ofrece mayor confianza a inversionistas y condiciones más equitativas para proveedores, lo que a su vez se traduce en mejoras reales para la ciudadanía: escuelas, hospitales, carreteras y programas sociales.

La nueva legislación también fortalece a la DGCP, otorgándole mayor autonomía y herramientas modernas para fiscalizar y supervisar los procesos de contratación.

«Este gobierno no se guía por eslóganes, sino por una decisión firme de invertir con transparencia cada peso del pueblo en beneficio del mismo», concluyó Abinader.

Principales innovaciones de la Ley 47-25:

Según explicó el director de Contrataciones Públicas, la ley introduce cambios importantes como:

Además, se refuerza la coordinación con entidades anticorrupción como la Digeig y la Unidad Antifraude, garantizando un monitoreo constante.

Con esta nueva ley, el Gobierno reafirma su compromiso con una administración pública moderna, responsable y centrada en el bienestar ciudadano.

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