Santo Domingo. – Bajo el discurso de “cero impunidad” y el establecimiento de un “régimen de consecuencias”, el presidente Luis Abinader presentó este lunes una «rendición de cuentas» focalizada en las acciones de su gobierno contra la corrupción administrativa. En su comparecencia, destacó que hasta la fecha se han remitido 287 casos de faltas administrativas al Ministerio de Administración Pública (MAP) y 49 expedientes de funcionarios públicos actuales al Ministerio Público.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre los nombres de los involucrados, las faltas señaladas incluyen abuso de poder, acoso laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. La información ofrecida también indica que el tiempo promedio de respuesta en estos casos ha sido de 55 días, por debajo de los 90 días contemplados en el manual correspondiente.
El mandatario aseguró que se han recuperado más de RD$ 6,500 millones del patrimonio público y que existen procesos de investigación abiertos sobre casos que involucran más de RD$ 130,000 millones.
Abinader afirmó que el país vive “una ofensiva total contra la corrupción” y recalcó que las acciones no tienen limitación temporal ni jerárquica: “sin importar quién sea ni el momento que sea”.
Entre los ejes presentados se incluyeron medidas administrativas y normativas adoptadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), tales como la implementación del Decreto 166-25, que sanciona el incumplimiento de la transparencia y entrará en vigor en septiembre. Además, se reportó que 230 instituciones públicas fueron evaluadas en el primer trimestre de 2025 y que 211 alcanzaron puntuaciones entre 85 y 100 puntos en materia de cumplimiento.
Otras acciones incluyen la formalización de la Unidad Antifraude de la Contraloría mediante el decreto 382-25, la creación del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el monitoreo preventivo de más de RD$ 853 mil millones en contrataciones públicas por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y la suspensión de más de 700 proveedores por irregularidades documentadas.
No obstante, pese a la amplitud del informe y al volumen de datos expuestos, no se precisó cuántos de los expedientes remitidos al Ministerio Público cuántos funcionarios públicos han sido separados de sus cargos como resultado directo de estas investigaciones.
El Ejecutivo reconoció, además, que entre los principales retos se encuentran la resistencia de ciertos funcionarios, limitaciones en el acceso a información internacional y presiones de poderes fácticos.
En lo relativo a coordinación interinstitucional, se resaltó la colaboración con el Ministerio Público, los tribunales, la Tesorería Nacional y el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) en el manejo de fondos y bienes recuperados.
Finalmente, el gobierno destacó el liderazgo internacional asumido por el país en organismos como la OEA y la Organización Mundial del Comercio, especialmente en materia de contrataciones públicas y acceso a la información.