SANTO DOMINGO. Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica contra ocho personas vinculadas a una presunta red de fraude bancario y robo de identidad que operaba desde el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, adoptó la decisión tras acoger parcialmente la solicitud del Ministerio Público, que había requerido prisión preventiva para todos los imputados. El órgano acusador argumentó que los involucrados no presentan el arraigo suficiente para descartar el riesgo de fuga y garantizar su comparecencia ante los actos del proceso.
Montos varían según el grado de participación
Entre los coercionados figura Freddery García Ortiz, señalado como cabecilla del entramado delictivo y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., a quien se le impuso una garantía económica de tres millones de pesos. A su pareja, María Carolina Durán Tavárez, se le fijó un monto de dos millones de pesos.
Las medidas impuestas incluyen:
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George Charlie Abreu Tejada: RD$1,000,000
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Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias: RD$500,000 cada uno
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Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares: RD$200,000
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Wilton Rafael Gutiérrez (Chango): RD$150,000
El juez también declaró el proceso como caso complejo, otorgando al Ministerio Público un plazo de 12 meses para concluir la investigación y presentar su acusación formal.
Fraude estructurado con uso de tecnología y suplantación de identidad
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por los fiscales Carlos Vidal y Gabriela Gómez Garrido, presentó más de 100 elementos probatorios que, según afirmaron, sustentan la participación de los encartados en una red organizada que se dedicaba a acceder ilícitamente a perfiles bancarios, transferir fondos de forma fraudulenta y retirarlos a través de ATM y ventanillas de distintas entidades financieras.
La investigación se inició a raíz de reclamaciones de clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una operación conjunta entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Allanamientos simultáneos y decomisos
Como parte del proceso investigativo, se realizaron 34 allanamientos simultáneos en distintas localidades, bajo la coordinación del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Participaron 40 fiscales y más de 200 agentes del Dicat, quienes incautaron dispositivos electrónicos, libretas bancarias, documentos de identidad, así como vehículos, sustancias controladas y varios inmuebles adquiridos con los fondos ilícitos.
Cargos y calificación jurídica
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a:
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Artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores)
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Artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
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Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Fiscalía considera que se trata de una red estructurada y peligrosa, por lo que reiteró que la prisión preventiva habría sido la medida más adecuada para proteger el proceso judicial y evitar obstrucciones a la investigación, la cual sigue en curso para identificar a otros posibles implicados.
