SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (Adobad) advirtió que el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República, con el objetivo de establecer un marco regulatorio para los juegos de azar y combatir el lavado de activos en ese sector, podría poner en riesgo cerca de 20 mil empleos y facilitar el acceso de menores de edad a las apuestas, si fuese aprobado en los términos en que fue presentado.
Preocupación por impacto económico y social
Francisco Pérez, vocero de Adobad, explicó que el sector de bancas deportivas opera más de 3,500 establecimientos que aportan al producto interno bruto y a la economía nacional. Sostuvo que, de convertirse en ley el proyecto tal como fue introducido, se afectarían gravemente estas operaciones y las inversiones realizadas en cumplimiento de las normas vigentes.
Según Pérez, la pieza permitiría la comercialización de juegos electrónicos virtuales en puntos de venta que no reúnen condiciones locativas adecuadas, lo que —a juicio de la asociación— incrementaría el desorden operativo y afectaría a comunidades vulnerables, incluyendo a menores de edad.
Advertencia sobre efectos jurídicos y contradicción con normativas previas
La organización sostiene que el proyecto contiene fallos estructurales que podrían debilitar la seguridad jurídica del sector y desarticular los esfuerzos de regularización iniciados por el propio Gobierno a través del Decreto núm. 63-22, del 9 de febrero de 2022.
Desde su punto de vista, de ser aprobado sin modificaciones, el proyecto contradeciría lo avanzado en materia de formalización de operadores de apuestas deportivas y abriría espacio a una liberalización sin control del mercado.
Críticas por falta de consulta al sector regulado
El consultor jurídico de Adobad, Nicolás Bahamón, criticó que el anteproyecto fuera preparado sin la debida consulta a representantes de casinos y bancas deportivas, priorizando —según dijo— a concesionarios, agencias hípicas y bancas de lotería.
“Este proyecto aparece de forma repentina, sin diálogo previo con los principales actores del sector. A quienes han invertido para adecuarse a la Ley núm. 29-06 se les estaría afectando directamente, pues los juegos podrían comercializarse sin restricciones en cualquier punto de venta”, afirmó.
Cuestionan esquema tributario propuesto
Bahamón también objetó el modelo tributario contemplado en el proyecto, alegando que impone cargas desproporcionadas a las bancas deportivas, mientras que otros negocios, como las agencias hípicas, quedarían exentos del pago de impuestos operativos, lo cual —según explicó— generaría una situación de inequidad normativa.
Advierten sobre posible incremento del juego ilegal
Finalmente, el consultor alertó que, si el Congreso aprueba la iniciativa sin cambios, podría producirse un aumento del juego clandestino, una reducción significativa de los ingresos fiscales y la reconversión de negocios formales en figuras exentas de regulación.