SANTO DOMINGO.- El investigador social Víctor Scharboy Almánzar interpuso una demanda en responsabilidad patrimonial contra la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y varios fiscales adscritos, por los daños materiales y morales que alega haber sufrido tras permanecer en prisión por más de ocho meses, pese a que luego fue absuelto por falta de pruebas.
La acción fue presentada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por medio del acto número 712/2025, notificado por el ministerial Robinson E. González A., a través de sus abogados Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera.
La demanda incluye a la Procuradora General de la República, en su calidad de superior jerárquico, así como a los fiscales César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez y Felipe E. Cuevas, quienes prestan servicios en la provincia Santo Domingo. La Procuraduría Fiscal de esa jurisdicción también fue citada como órgano con responsabilidad jurídica.
Scharboy Almánzar, de 66 años, estuvo detenido desde el 4 de septiembre de 2023 hasta el 19 de mayo de 2024, tras ser imputado por supuesta agresión a su expareja María Yocasta Escotto de los Santos (Sulay). Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo lo declaró no culpable el 10 de junio de 2024, al considerar que no existían pruebas suficientes.
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Según la demanda, el Ministerio Público incurrió en actuaciones “ilegales, arbitrarias y violatorias del debido proceso”, al no realizar una investigación objetiva ni garantizar el derecho a defensa del ciudadano. Entre las normas presuntamente vulneradas se citan disposiciones de la Ley 133-11, que rige el Ministerio Público, y varios artículos del Código Procesal Penal, incluyendo los relativos a la objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso.
Los abogados sostienen que los fiscales nunca escucharon la versión del imputado antes de proceder judicialmente, y que la prisión preventiva fue solicitada sin fundamentos probatorios. Afirman que la privación de libertad se impuso con el único propósito de dar validez a una acusación supuestamente basada en chantaje.
“En vez de protegerlo, las autoridades actuaron con desprecio, negación y atropello”, expresaron los abogados, quienes consideran que los hechos descritos comprometen la responsabilidad civil y patrimonial de los funcionarios públicos involucrados, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República.
60 millones
En sus conclusiones, solicitan al TSA condenar a la Procuraduría General de la República al pago de RD$ 30 millones a favor de Víctor Scharboy Almánzar, como reparación por los daños causados. De igual modo, piden que los cinco fiscales demandados sean condenados de forma individual al pago de RD$ 6 millones cada uno, como compensación adicional.
La demanda también detalla el recorrido carcelario que vivió Scharboy, quien fue inicialmente recluido en la Unidad contra la Violencia de Género en Alma Rosa, y luego trasladado a San Luis y posteriormente a La Victoria, donde permaneció hasta el final de su detención. Durante ese tiempo, sus familiares denunciaron en varias ocasiones la supuesta ilegalidad de su prisión ante las autoridades, sin obtener respuesta.
