Santo Domingo. El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra ocho personas acusadas de integrar una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, operada desde la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., ubicada en Bonao. Además, el órgano acusador presentó cargos formales contra la persona jurídica de la mueblería, la cual funcionaba como fachada para las supuestas operaciones delictivas.
De acuerdo con el expediente depositado ante el tribunal, la red utilizaba información confidencial obtenida de perfiles bancarios de clientes para realizar transferencias ilegales y retiros de dinero mediante cajeros automáticos y ventanillas de distintas instituciones financieras.
La estructura era liderada por Fredery García Ortiz, propietario de la empresa investigada, quien actuaba junto a su pareja, María Carolina Durán Tavárez. Otros seis imputados han sido identificados como Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango).
Una empresa usada para el delito
Según las autoridades, Decoral Muebles y Más, S.R.L. era utilizada para encubrir las actividades ilícitas y facilitar el lavado de activos provenientes del fraude. El Ministerio Público imputa directamente a la razón social por permitir el uso de sus instalaciones, cuentas y operatividad para sostener un esquema criminal altamente organizado.
La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias de clientes afectados de una entidad financiera del país. A partir de esas reclamaciones, se llevó a cabo un operativo de gran escala coordinado entre la Fiscalía del Distrito Nacional, el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El operativo: allanamientos, incautaciones y pruebas clave
Durante el despliegue fueron realizados 34 allanamientos simultáneos en Bonao, en los que participaron 40 fiscales y más de 200 agentes. Como resultado, fueron incautados dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias, sustancias controladas, vehículos e inmuebles adquiridos presuntamente con fondos obtenidos de forma fraudulenta.
Los fiscales a cargo presentaron al tribunal diversas evidencias, incluyendo registros digitales, movimientos bancarios, pruebas documentales y objetos incautados que demuestran el alcance del fraude. La investigación reveló cómo los acusados accedían a los datos personales de las víctimas, usurpaban su identidad y realizaban movimientos financieros sin autorización.
Solicitan caso complejo y prisión preventiva
La fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó formalmente la solicitud de declaratoria de caso complejo y la imposición de la medida de coerción más severa: prisión preventiva.
El Ministerio Público sustentó su petición en la gravedad de los hechos, la complejidad de la red, el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción del proceso judicial. También se destaca el impacto económico del fraude, que afectó a numerosas personas y al sistema financiero.
Base legal de la acusación
El expediente imputa a los acusados violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican la asociación de malhechores; y a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Además, se les acusa bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El proceso judicial continuará en los próximos días con la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción. Las autoridades han reiterado que la investigación sigue abierta y que podrían surgir más arrestos e imputaciones vinculadas a la red delictiva que operaba desde Bonao.