SANTO DOMINGO.– La angustia de Joel de Jesús Rodríguez Durán ha crecido en la misma medida en que se prolonga el proceso judicial por el intento de asesinato del que fue víctima en la provincia La Altagracia, específicamente en Higüey. A casi un año del atentado que puso en riesgo su vida, el ciudadano denuncia públicamente que el caso continúa sin avance en los tribunales, lo que le mantiene en un constante estado de vulnerabilidad.
Atentado con armas largas en plena vía
Rodríguez Durán fue atacado por un grupo de individuos fuertemente armados mientras transitaba en su vehículo. Según su testimonio, los agresores dispararon con fusiles de alto calibre con la clara intención de acabar con su vida. Solo la intervención del destino y ciertas circunstancias fortuitas impidieron que perdiera la vida en aquel momento.
Desde entonces, su cotidianidad se ha transformado. Vive con secuelas psicológicas, ansiedad constante y temor fundado de que pueda ser nuevamente atacado. Este sentimiento no es infundado: asegura haber recibido nuevas amenazas tras sobrevivir al ataque.
Expediente completo, pero sin audiencia
El caso está formalizado bajo el expediente número 187-1-2023-EPEN-00474, que según afirma la víctima, cuenta con todas las piezas procesales requeridas para avanzar. No obstante, a pesar de que los imputados están detenidos en el centro penitenciario de Anamuya, el proceso ha sido obstaculizado por reiteradas maniobras dilatorias que han impedido la celebración de una audiencia preliminar o de juicio.
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Los acusados, identificados como Estarlin Rikerlvin Vilorio, Orlando Cedeño Acosta (alias Ligth), Reyme Yoan Eusebio Cedeño, Omar Antonio de la Cruz Veras, Pedro Vallejo González y Neifis Neftalís Núñez Espinal (alias El Sobrino), permanecen privados de libertad, pero la ausencia de avance en el proceso genera frustración e incertidumbre para la parte querellante.
Amenazas persistentes agravan situación de la víctima
Más allá del atentado inicial, el riesgo continúa latente. Rodríguez Durán ha denunciado la existencia de amenazas recientes contra su integridad, lo que, sumado a la lentitud del proceso judicial, refuerza su sensación de desprotección. El temor de que se repita un intento contra su vida ha sido expresado en diversas ocasiones, sin que hasta ahora se tomen medidas adicionales de protección a su favor.
Para la víctima, el hecho de que los acusados estén bajo custodia no es garantía suficiente mientras no exista una decisión judicial firme que determine responsabilidades. Su llamado no es solo para que se celebre el juicio, sino también para que se respete su derecho a una tutela judicial efectiva, como lo establece la Constitución dominicana.
Clamor por atención institucional
El caso plantea una inquietud mayor sobre la eficiencia del sistema de justicia penal en responder a hechos graves de violencia. La dilación injustificada en procesos como este pone en tela de juicio el acceso real a la justicia para víctimas que, como Rodríguez Durán, enfrentan el doble peso del trauma vivido y de la incertidumbre institucional.
En ese sentido, hace un llamado a las autoridades judiciales de la provincia La Altagracia, al Ministerio Público y a la Inspectoría del Poder Judicial para que se priorice el caso, se eliminen los obstáculos procesales y se convoque con carácter de urgencia a la audiencia pendiente. El objetivo, según expresa, no es otro que lograr justicia y salvaguardar su derecho fundamental a la vida y la seguridad.
