Redacción internacional.- La orden del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar ataques contra varias instalaciones nucleares en Irán durante el pasado fin de semana generó un intenso debate sobre los límites legales de su actuación como jefe de Estado y comandante en jefe.
A nivel legislativo, tanto representantes del Partido Demócrata como algunos legisladores republicanos cuestionaron abiertamente si Trump actuó dentro del marco constitucional. Uno de ellos, el congresista Thomas Massie, señaló públicamente que los ataques eran “inconstitucionales”, mientras que su colega Warren Davidson expresó dudas similares sobre la legalidad de la acción.
No obstante, otros actores relevantes dentro del Congreso ofrecieron respaldo al entonces presidente. Tal fue el caso del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien defendió la decisión bajo el argumento de que existía una amenaza inminente que no permitía esperar la acción del Congreso.
Constitución estadounidense: doble fundamento legal
El marco constitucional norteamericano ofrece una estructura compleja respecto al uso del poder militar. El Artículo I de la Constitución asigna al Congreso la potestad exclusiva de declarar la guerra, mientras que el Artículo II otorga al presidente el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
La tensión entre estas dos atribuciones ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de los años. En este caso, la administración de Trump alegó que el Artículo II bastaba como fundamento para actuar sin la aprobación previa del Congreso.
¿Cuándo puede el presidente usar la fuerza?
Expertos constitucionalistas consultados coincidieron en que el presidente sí posee una autoridad limitada para iniciar operaciones militares, especialmente en contextos que involucren amenazas inminentes, actos hostiles o la necesidad de proteger intereses estratégicos del país, como la prevención de la proliferación nuclear.
Una de las académicas consultadas explicó que existe una práctica extendida de que los presidentes ejecuten acciones militares puntuales sin autorización legislativa. Otra experta añadió que esa facultad presidencial solo se ve limitada cuando las operaciones comienzan a tomar la forma de una guerra, aunque reconoció que no existe un criterio preciso para establecer cuándo ese límite se sobrepasa.
Por otro lado, no todos los especialistas compartieron esa visión. Un profesor de Gobierno argumentó que, al no existir un ataque previo de Irán que justificara una respuesta urgente, la legalidad de los bombardeos era cuestionable.
La práctica histórica favorece al poder presidencial
Aunque el Congreso tiene formalmente la capacidad de declarar la guerra, en la práctica esta facultad ha sido usada en muy pocas ocasiones. La última declaración formal fue en 1942, luego del ataque a Pearl Harbor. Desde entonces, los presidentes han recurrido con frecuencia a su autoridad ejecutiva para realizar intervenciones militares sin ese trámite legislativo.
Esta tendencia ha generado una suerte de consentimiento implícito del Congreso al rol activo del Ejecutivo en materia militar, como lo expresó un exasesor legal de la Casa Blanca.
Precedentes de otros presidentes
La acción de Trump no es un hecho aislado en la política exterior estadounidense. Mandatarios anteriores han ordenado intervenciones militares bajo criterios similares. Barack Obama, por ejemplo, autorizó bombardeos en Libia sin aprobación del Congreso, al igual que el operativo que terminó con la vida de Osama Bin Laden. En su momento, el propio Trump ordenó la muerte del general iraní Qasem Soleimani en una acción que tampoco pasó por el Legislativo.
Asimismo, los presidentes Bill Clinton y Joe Biden también han llevado a cabo operaciones armadas sin autorización congresual previa, lo cual ha reforzado la práctica de actuar al amparo del Artículo II.
Ley de Poderes de Guerra y notificación al Congreso
Más allá de la Constitución, existe la Ley de Poderes de Guerra, promulgada en 1973 tras la Guerra de Vietnam, la cual busca precisamente limitar la discrecionalidad presidencial en materia militar. Esta norma establece que el presidente debe consultar al Congreso “en la medida de lo posible” antes de involucrar a las fuerzas armadas en situaciones hostiles, y notificar formalmente cualquier acción dentro de un plazo de 48 horas.
Según se ha informado, Trump no habría sostenido una consulta sustantiva con los congresistas antes del ataque, aunque su equipo asegura que se realizaron notificaciones telefónicas a líderes del Congreso, incluyendo al líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer.
El Departamento de Defensa sostuvo posteriormente que los requisitos de notificación establecidos por dicha ley se cumplieron una vez concluidas las operaciones.
Basado en un reportaje de BBC Mundo.