SANTO DOMINGO.– El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso la apertura a juicio contra Regino Martín Aza Ovalle, propietario del negocio Agua Purificada Luz, acusado de fraude eléctrico por realizar una conexión ilegal a la red eléctrica con la que habría defraudado al Estado dominicano por un monto superior a los 52 millones de pesos.
La decisión fue tomada por el juez Amauri Marcos Martínez Abreu, atendiendo a una solicitud formal presentada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), que lleva el proceso en representación del Ministerio Público.
Defraudación millonaria a través del fraude eléctrico
Según consta en el expediente, Aza Ovalle habría instalado una conexión ilegal en media tensión directamente desde la red eléctrica para alimentar siete transformadores ubicados en su planta procesadora de agua, localizada en la avenida Duarte, sector Los Manguitos, del Distrito Nacional.
La inspección técnica reveló que el acusado utilizaba cuatro transformadores de 100 KVA y tres de 167 KVA, todos conectados de manera irregular en media tensión, con una carga total de 53.9 amperios. Esta operación se mantenía fuera del sistema de facturación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), lo que permitió que se sustrajera energía sin ningún tipo de registro comercial ni pago.
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Cálculo del daño económico
El fraude fue cuantificado por la Superintendencia de Electricidad, conforme al procedimiento de tasación de pérdidas aprobado por esa entidad. El resultado fue una sustracción total de 5,587,960 kilovatios hora (KWh) y 6,680 kilovatios (KW) de potencia, con un costo económico estimado en RD$52,906,599.60.
El valor mensual defraudado superaba los tres millones de pesos, afectando no solo a EdeEste, sino también a la sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), por tratarse de una conexión en media tensión sin regulación.
Violaciones a la Ley General de Electricidad
Los hechos imputados a Aza Ovalle están tipificados en diversos artículos de la Ley General de Electricidad núm. 125-01, modificada por la Ley núm. 186-07, del 6 de agosto de 2007.
Entre los artículos citados en la acusación figuran el 124-2 y el 124-3, que sancionan el uso fraudulento de la energía eléctrica, así como el artículo 125 en sus literales C, 2-A-3 y 2-B-4, los cuales establecen agravantes relacionadas con la afectación al sistema y el uso de medios ilegales para alterar el consumo o evitar su medición.
Inspección conjunta con Superintendencia de Electricidad
La fiscalización que dio origen a la investigación fue realizada el 28 de febrero de 2024, en coordinación entre representantes del Ministerio Público, técnicos de la Superintendencia de Electricidad y personal de EdeEste.
Durante el allanamiento, se documentaron las evidencias técnicas del fraude, que incluyeron imágenes, diagramas, mediciones y testimonios de los técnicos que participaron en la operación.
Próximo paso: juicio de fondo
Con el auto de apertura a juicio, el caso pasará ahora a una jurisdicción de fondo, donde se valorarán las pruebas presentadas por la Pgase y se determinará si procede o no una condena penal contra el imputado.
El Ministerio Público ha expresado que este caso constituye un ejemplo representativo del impacto que el fraude eléctrico tiene sobre el sistema energético del país, al tratarse de una actividad ilícita que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las distribuidoras y eleva los costos para los usuarios legales.
Fraude eléctrico, un delito que afecta a todos
Desde la Pgase se ha reiterado el compromiso de perseguir penalmente a quienes incurren en estas prácticas, sin importar el perfil comercial o empresarial de los implicados. La institución ha señalado que el uso ilegal de la energía es una violación grave, no solo por el perjuicio económico directo, sino también por los riesgos técnicos y de seguridad que implica.
El proceso continuará con la fijación de la fecha del juicio, en el que se debatirán los méritos de la acusación. De ser hallado culpable, Aza Ovalle podría enfrentar sanciones penales y administrativas, además del resarcimiento económico correspondiente.
