SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Este la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra ocho personas arrestadas durante la Operación Begonias, un operativo contra una presunta red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Aplazada audiencia para conocer la coercion
La jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó la audiencia para este miércoles, a fin de conocer los argumentos del Ministerio Público y la defensa de los imputados.
Quiénes son los imputados
La solicitud de prisión preventiva recae sobre los dominicanos Johanse Díaz Casado (Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo), así como sobre las colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana, Naye o Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
Ministerio Público pide declarar el caso complejo
El Ministerio Público, representado por la Dirección General de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora Yoanna Bejarán, y la Fiscalía de Santo Domingo Este, bajo la dirección de Milcíades Guzmán, solicita también que el caso sea declarado complejo.
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Acusaciones por trata, lavado y asociación de malhechores
El expediente sostiene que los acusados formaban parte de una red que captaba mujeres en Colombia, les ofrecía trabajos como camareras o bartenders en la República Dominicana y, al llegar al país, les retenía los documentos, las amenazaba y les imponía una deuda de entre 3,500 y 4,000 dólares como condición para liberarlas.
Operativo desmanteló estructura de explotación sexual
La Operación Begonias se llevó a cabo el pasado sábado mediante allanamientos simultáneos en la provincia Santo Domingo. El operativo permitió el rescate de más de 40 mujeres. La investigación fue liderada por el Ministerio Público, con apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, y la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB).
Evidencias incautadas
Durante los allanamientos, fueron ocupados dinero en efectivo, seis vehículos, dispositivos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diversas sustancias narcóticas, así como varios inmuebles, incluyendo una edificación de varios niveles que presuntamente era utilizada como centro de operaciones de la red.
El Ministerio Público afirma contar con evidencias testimoniales, documentales y periciales que vinculan directamente a los imputados con los delitos de trata de personas, asociación de malhechores y lavado de activos. La decisión sobre las medidas de coercion será tomada por el tribunal en los próximos días.
