SANTO DOMINGO.- A raíz de la imposición de medidas por el caso Jet Set y la repercusión de sectores en contra de la decisión de la jueza Fátima Veloz, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) expresó su preocupación por la falta de respaldo del Poder Judicial a jueces que, actuando dentro del marco legal, son objeto de ataques públicos por dictar medidas de coerción distintas a las que solicita el Ministerio Público.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, lamentó que los jueces del sistema penal sean constantemente cuestionados y atacados, incluso de manera personal, cuando sus decisiones se basan en la normativa procesal vigente, y no en la presión pública o en el deseo de venganza de ciertos sectores.
Instrumentos legales, no castigos anticipados
De la Rosa Tiburcio recordó que el Código Procesal Penal, establecido mediante la Ley núm. 76-02, define claramente el rol de las medidas de coerción en el proceso penal. Estas disposiciones no constituyen una pena anticipada ni una absolución encubierta, sino que son herramientas cautelares para asegurar la comparecencia de los imputados durante el proceso.
El artículo 226 del referido código establece que el juez debe evaluar si existen suficientes garantías de arraigo, conforme lo detallado en el artículo 229, para evitar el riesgo de fuga, así como la posibilidad de que los imputados alteren pruebas o interfieran con la investigación.
Noticias relacionadas
La prisión preventiva: última y más severa de las medidas
De las siete medidas de coerción previstas en la ley, la prisión preventiva es la última opción, y debe aplicarse solo si el juez determina que ninguna de las otras resulta suficiente para garantizar el éxito del proceso judicial. Este tipo de medida implica privación de libertad antes de que exista una sentencia definitiva, por lo que su uso debe ser restringido a los casos realmente justificados por el riesgo procesal.
Caso Jet Set: «jueza Fátima Veloz actuó dentro del marco legal»
En ese contexto, Adocco manifestó su respaldo a la jueza Fátima Veloz, quien conoció las medidas de coerción en el caso conocido como “Jet Set” y ha sido blanco de duras críticas luego de no acoger la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.
Para la entidad, el comportamiento de la jueza se enmarca en lo dispuesto por la ley. En un sistema de justicia rogada, el tribunal debe valorar las pruebas y argumentos presentados tanto por el órgano acusador como por la defensa. En este caso, los imputados ofrecieron elementos de arraigo que fueron considerados válidos por el tribunal, decisión que fue debidamente motivada en la resolución emitida.
“Resulta profundamente injusto que se cuestione a un juez por cumplir con su deber, simplemente porque la decisión no se alinea con expectativas populares o mediáticas. Lo más preocupante es que estos ataques suelen escalar al plano personal, sin que el juez pueda defenderse públicamente, debido a las restricciones propias de su función”, sostuvo De la Rosa Tiburcio.
El dolor de las víctimas no debe invalidar la legalidad
La organización también manifestó empatía con las familias de las víctimas de la tragedia ocurrida en el centro de diversión Jet Set, señalando que su clamor de justicia es comprensible y legítimo. Sin embargo, subrayó que ese dolor no debe traducirse en presión indebida sobre los jueces ni en demandas de castigos anticipados fuera del debido proceso.
De la Rosa Tiburcio instó a que este caso sirva de punto de inflexión para mejorar los mecanismos de fiscalización y control sobre establecimientos que reciben gran cantidad de personas. Además, renovó el llamado a la aprobación del nuevo Código Penal, el cual permitiría enfrentar con mayor efectividad hechos como los ocurridos, al contemplar disposiciones como el cúmulo de penas.
Finalmente, Adocco advirtió que si los jueces no cuentan con la protección institucional necesaria para ejercer su labor con independencia y sin miedo a represalias, se debilita el Estado de derecho. “No se puede permitir que la presión externa sustituya el análisis jurídico. La ley debe ser la única guía de un juez en sus decisiones”, concluyó De la Rosa Tiburcio.
