SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público puso en marcha este sábado la operación Begonias, una contundente acción contra el crimen transnacional que incluyó múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo. La operación permitió desmantelar una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y logró el rescate de más de 40 mujeres sudamericanas, la mayoría de ellas de nacionalidad colombiana.
De acuerdo con las autoridades judiciales, ocho personas —cuatro hombres y cuatro mujeres, de nacionalidades dominicana y colombiana— fueron arrestadas y serán sometidas a la justicia en las próximas horas por su presunta vinculación con esta red criminal.
La operación fue liderada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en coordinación con la Fiscalía de Santo Domingo Este. También participaron unidades especializadas de la Policía Nacional, como el Departamento de Trata de Personas y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), así como técnicos en atención a víctimas y fiscales de la Fuerza de Tarea del Ministerio Público.
Durante los allanamientos, se incautaron seis vehículos, dinero en efectivo, equipos electrónicos, drogas, y cuadernos de registro, además de varios inmuebles utilizados como centros de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
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La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, subrayó que esta operación es parte de las acciones sostenidas por la Procuraduría General, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar el crimen organizado y la trata de personas.
Según detalló Bejarán, los imputados captaban mujeres en Colombia ofreciéndoles falsos empleos como camareras o bartender en hoteles dominicanos. Una vez en el país, las víctimas eran despojadas de sus documentos, amenazadas con represalias contra sus familias y forzadas a pagar supuestas deudas de entre 3,500 y 4,000 dólares, como condición para obtener su «libertad».
La investigación contó con el respaldo del Anti Trafficking Bureau (ATB), y movilizó a más de 85 agentes policiales, 10 fiscales y varios expertos en investigación criminal y protección de víctimas.
