Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) anunció ayer su decisión de iniciar acciones legales contra el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, a quien acusa de incurrir en violaciones a la Constitución y a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, por las que reclaman una indemnización de 3,000 millones de pesos.
La demanda se sustenta en el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los daños ocasionados por sus funcionarios, así como en el artículo 24 de la Ley 368-22, que reconoce la competencia de los gobiernos locales para gestionar y autorizar el uso del suelo a través de sus Oficinas de Planeamiento Urbano, siempre que cuenten con una población superior a los 15,000 habitantes y tengan capacidad productiva, económica y de recaudación.
Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim y José “Tito” Lioncito, presidente de la entidad, expresaron que tras más de tres años de gestiones con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), no han obtenido respuestas satisfactorias debido, según indican, a la negativa del ministro Bonilla de aplicar la ley en ausencia de un reglamento.
Dicen que Carlos Bonilla espera un reglamento
Señalaron que esta interpretación ha sido rechazada por la propia Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como por el presidente de la República, Luis Abinader, quienes han recordado públicamente que las leyes tienen aplicación inmediata desde su promulgación, incluso si sus reglamentos aún no han sido elaborados.
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La Ley 368-22 otorga a los gobiernos locales —municipios y distritos municipales— la facultad de ejercer funciones de planeamiento urbano, entre ellas la planificación y control del uso del suelo, lo cual es fundamental para garantizar un desarrollo territorial ordenado, sostenible y adecuado a las características de cada demarcación.
Según dicha legislación, las Oficinas de Planeamiento Urbano son responsables de formular, ejecutar y evaluar los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), instrumentos clave para definir cómo se distribuye el suelo en el territorio, qué actividades están permitidas y cómo se articulan los asentamientos humanos con la infraestructura disponible.
Fedodim considera que la negativa del ministro Bonilla a reconocer esta competencia ha frenado el avance institucional de los gobiernos locales y ha generado perjuicios económicos, sociales y administrativos que afectan directamente la planificación urbana, la seguridad jurídica de las inversiones y el desarrollo de las comunidades.
Durante una rueda de prensa, Richardson y Lioncito estuvieron acompañados por representantes de las 10 regiones del país y 27 alcaldes distritales, quienes expresaron su respaldo unánime a la acción judicial. La demanda, según se informó, será interpuesta en las próximas horas ante el Tribunal Superior Administrativo.
El objetivo de esta acción no solo es obtener la reparación económica por los daños alegados, sino también garantizar el respeto al marco normativo vigente y reafirmar la autonomía de los gobiernos locales en materia de planeamiento urbano. Fedodim insiste en que la descentralización efectiva y el fortalecimiento de la institucionalidad municipal son fundamentales para lograr un desarrollo territorial armónico y equitativo.
