Santo Domingo.- La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, señalados como responsables de homicidio involuntario por el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 235 fallecidos y más de 180 heridos.
Luego de una maratónica audiencia, pasada la 1:00 de la madrugada, ya jueves de Corpus Christi, la magistrada estableció como medida coercitiva una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país para ambos imputados.
La defensa considera la medida razonable
El abogado defensor Miguel Valerio calificó las medidas como apropiadas y destacó que sus representados han mostrado plena disposición de colaborar con la investigación, además de haber prestado apoyo a algunas víctimas.
“El aprendizaje aquí es que la medida de coerción no implica culpa ni inocencia. Como dijo la jueza, estas medidas son instrumentos para asegurar la comparecencia al proceso, y el señor Espaillat siempre ha cumplido”, expresó Valerio.
Indicó también que están evaluando el informe pericial presentado por el Ministerio Público para emitir una posición formal.
Más de 80 personas se constituyeron en querellantes, mientras que otros 40 alcanzaron acuerdos civiles con los propietarios del establecimiento, desistiendo de acciones legales, según informó la empresa en un comunicado de prensa difundido anoche.
El Ministerio Público apelará la decisión
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que apelará la decisión judicial, argumentando que la jueza no ponderó debidamente el impacto social del caso ni la magnitud de las víctimas.
La fiscalía había solicitado prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat. Además, reiteró la importancia de contar con un nuevo Código Penal que permita enfrentar adecuadamente situaciones como esta.
Los representantes legales de las víctimas pidieron que la acusación sea recalificada como homicidio voluntario y que se impusiera prisión preventiva a los imputados.
Pronunciamiento de la familia Espaillat
Antes de que se conociera la decisión del tribunal, la familia Espaillat emitió un comunicado donde aseguró haber ofrecido ayuda directa a más de 40 personas afectadas, sin buscar reconocimiento público.
Además, en el documento:
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Aclaró que el día del siniestro Antonio Espaillat se encontraba fuera del país por compromisos previamente programados y regresó de forma voluntaria tan pronto tuvo conocimiento del hecho.
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Indicó que, desde el primer momento, sus abogados solicitaron el secuestro del inmueble con el objetivo de preservar la escena y garantizar la integridad de las pruebas materiales.
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Propuso la participación del ingeniero estructural Nicolás Saenz, perito de la firma internacional Thornton Tomasetti, con experiencia en evaluación de colapsos, para realizar un peritaje técnico del incidente.
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Detalló que han entregado al Ministerio Público más de 100 documentos probatorios, entre los que se incluyen pasaportes, informes médicos, constancias de arraigo y publicaciones de prensa.
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Informó que desde el 1 de mayo pusieron a disposición de los afectados un canal de atención directa para abordar situaciones derivadas del hecho, y que hasta la fecha han sido firmados más de 40 acuerdos notarizados con víctimas y familiares, sin que mediaran condiciones ni contraprestaciones en esos arreglos.
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Negó que haya existido intento de obstaculizar la investigación, y citan como ejemplo la situación del señor Gregory Adames, testigo presencial con quien –según la familia– han sostenido comunicaciones documentadas que desmienten supuestos actos de intimidación.
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Finalmente, reiteró que la intención del documento es ofrecer una exposición técnica y cronológica de su conducta, en respuesta a narrativas que, a su juicio, distorsionan los hechos del proceso.