La exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros Marina De Camps Germán, interpuso una querella contra el autodenominado detective privado Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez y como otras personas.
La acción fue presentada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en el marco de un conjunto de acciones legales iniciadas el 24 de enero del 2025.
La querella, suscrita por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes, acusa a los imputados de la comisión de los delitos de difamación e injuria agravada, establecidos en los artículos 367 y siguientes del Código Penal, así como en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Difamación sistemática y viralización
La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales que supuestamente violentan el derecho a la dignidad humana e integridad.
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Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
La demanda incluye la solicitud de una indemnización ascendente a RD$ 10,000,000.00, a ser destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La querella destaca cómo las redes sociales, lejos de ser «territorios sin ley», deben responder al marco jurídico vigente.
Citando precedentes del Tribunal Constitucional dominicano y jurisprudencia comparada, los abogados sostienen que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, al tratarse de imputaciones falsas, ultrajantes y ofensivas.
“Este caso representa un ejemplo claro del uso malintencionado de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito”, señala el escrito introductorio.
La discusión ha avivado un diálogo sobre el equilibrio entre el derecho a expresarse y el deber de respetar la dignidad ajena, especialmente en la era de las redes sociales, donde una afirmación infundada puede replicarse exponencialmente en cuestión de minutos.
En palabras de los abogados de la querellante: “Las redes sociales no pueden convertirse en trincheras de impunidad. Este caso no es solo sobre una persona, sino sobre el límite ético y jurídico que la sociedad dominicana debe reafirmar”.
