Tras demostrar el Ministerio Público la culpabilidad de cuatro hombres en el tráfico internacional de drogas, un tribunal condenó a cada uno de los procesados a 30 años de prisión y al pago de una multa de RD$5 millones al Estado dominicano.
Miguel Antonio Carvajal Florián, David Paulino Sánchez Cabrera (Documento), Rafael Adalberto Martínez Peguero y Carlos Alberto Marcano (o José Wilson Ramírez) fueron condenados por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia.
El órgano acusador estableció que fueron arrestados tras ocupárseles 28 sacos de nylon con 692 paquetes de cocaína, con un peso exacto de 122.38 kilogramos, según consta en un certificado de análisis químico Forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El expediente acusatorio señala que en fecha 24 de abril del año 2023, al realizarse el avistamiento por parte del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, de una embarcación con posibles sustancias controladas en su interior y los cuatro tripulantes, ahora condenados, la cual se dirigía a República Dominicana, procedente desde Sudamérica, fue iniciado un operativo de interdicción conjunta (aérea, marítima y terrestre), durante el cual se ocupó la sustancia narcótica.
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Durante la persecución contra dicha embarcación los tripulantes procedieron a arrojar los 28 sacos de nylon, color blanco, en el mar Caribe, los cuales fueron recuperados por una lancha rápida de la Armada de República Dominicana.
Posteriormente, y continuando con la persecución, resultó interceptada la embarcación a unas 9 millas náuticas de la isla Saona.
En la operación, ejecutada bajo la coordinación del representante del Ministerio Público Aneurys Castillo de Jesús, participaron miembros de la Subdirección de Operaciones del Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) de la DNCD, la Dirección de Reacción Táctica (DRT), División Regional Yuma, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
A los procesados, además de la droga, también les fueron ocupados diferentes artículos y documentos personales al momento en que fueron detenidos.
La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Denis Guerrero, mientras que los fiscales litigantes Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez Cabrera demostraron la acusación ante los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte.
Los jueces dictaron la pena máxima y ordenaron su cumplimiento al determinar que el grupo criminal violó los artículos 4-D, 5-A, 58, 59, 60 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey, en la provincia La Altagracia.
